Venezuela enfrenta en días un cambio de gobierno, pero no un simple cambio de gobierno. Se trata de acabar el camino al comunismo al cual se ha empeñado Chávez. Derrotado este, un gobierno de Capriles tendría que redefinir el régimen económico que restaure las libertades económicas conculcadas por un proceso político, que pese al marco formal democrático -autocrática y legalmente emboscó a la gente y empresas restringiendo sus libertades económicas. Hay necesidad de reformas y solo el presidente electo, HCR, podría liderar ese proceso de reformas y trazar un camino para la vigencia de instituciones económicas y legalidad que elimine el carácter punitivo que marca la actividad económica de los venezolanos en los últimos años.

Así, la reforma del régimen económico, de la economía política, es vital para que las políticas económicas rindan y coloquen al país en una senda de crecimiento sustentable, en un marco jurídico regido por un Estado Derecho basado en la protección de los derechos de propiedad y reglas de gobernabilidad en lo económico, sin ello el proceso de inversión y creación de empleo en la economía privado no seria posible.

Este Estado de destrucción institucional y económica que encontrará el nuevo presidente exige una urgente adecuación y orden de las relaciones económicas y financieras internacionales, desaguadero de fondos públicos y corrupción por compra de voluntades políticas y mercantiles sujeta a afinidades ideológicas y desligadas de normalidad, racionalidad económica, financiando privilegios y acuerdos mercantiles, sin la controlabilidad institucional requerida del poder público.

De esta manera, la proliferación de fondos y acuerdos financieros sin el control previo de los poderes públicos del gobierno y Pdvsa debe terminar; las divisas y activos financieros en moneda internacional deben ser centralizadas en el BCV, el “excedente” al FEM, bajo la administración del BCV. Ello ordenaría flujos monetarios y gasto público fuente de la persistente inflación de estos años. Con un promedio de 110 dólares el barril para los últimos dos años con un ingreso fiscal petrolero del 16-18% del PIB, cualquier desequilibrio fiscal es ajustable sin sacrificar el gasto público. Pese al derroche y al gasto sin racionalidad económica redistributiva, las posibilidades fiscales para un nuevo gobierno no lucen apremiantes, como ocurrió en los cambios de gobierno en 1989, Lusinchi a CAP; en 1993 a Caldera, y en 1999 de Caldera a Chávez donde la situación fiscal era de profundo deterioro por caída del precio del petróleo. En esta oportunidad la situación fiscal es manejable, la gobernabilidad fiscal pasa por ordenamiento del gasto y desde luego al retorno de la descentralización bajo el principio de subsidiariedad.

Las obligaciones fiscales creadas por el endeudamiento público -incluyendo la deuda de Pdvsa- hasta el momento no deberían poner en el peligro la estabilidad fiscal requerida al comienzo de un nuevo gobierno. De hecho la deuda pública documentada, la denominada en dólares es un 25% del PIB, magnitud manejable desde una perspectiva fiscal en una economía creciendo a un 4-5% en el 2013 y un petróleo entre 80/90 dólares. De cualquier manera, la dependencia del ingreso petrolero intensificada en estos años, puede desbocar las finanzas públicas si el precio del petróleo colapsare, en el corto y mediano plazo no parece que pueda ocurrir.

En materia cambiaria, los arreglos institucionales son prioritarios. Hay que corregir las distorsiones fiscales y monetarias que medran entre fondos soberanos, Fonden, etc., instituciones financieras públicas, el Tesoro y el BCV, devolver la liquidez internacional (divisas) en esos fondos e instituciones financieras, incluido el Tesoro al BCV, así se recompondrá el volumen de reservas requerido para proteger el bolívar. Hay que autorizar al BCV a que elabore el régimen de circulación monetaria bimetálico, dólares y bolívares en la banca nacional y que establezca un régimen monetario que contabilice esos flujos de divisas como componentes de la liquidez internacional administrada en el BCV, eliminando la precaria propiedad que existe sobre la moneda debido al control de cambio. Un régimen similar le dio muy buenos resultados a Brasil, Perú, Chile donde se pueden obtener dólares desde cualquier cajero de cualquier banco y a precios del momento.

Con ese arreglo fiscal-monetario, el gobierno establecería el timming para desmontar el control de cambio y regresar a la convertibilidad. Una moneda libremente convertible, no podrá ser devaluada, el mercado la apreciará o depreciará en función que el gobierno y el BCV cumpla sus reglas debidamente. Un país no se desarrolla con una moneda en constante depreciación, una moneda fuerte significa que la inflación ha sido alienada del régimen económico, que los ciudadanos confían en su moneda y su país para invertir y ahorrar y que la economía es capaz de aprovechar eficientemente sus ventajas comparativas y competitivas.

Economist, PhD. (London University)

www.alexanderguerrero.com

@alexguerreoe

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