La oferta política de Hugo Chávez A demás de los abusos cometidos durante la campaña electoral, la intimidación del electorado y el ventajismo del Estado-Gobierno, no puede negarse que Chávez logró su relección también porque su oferta política resultó ser exitosa, se “vendió” acertadamente.

El voto mayoritario expresó un sentimiento conservador, de preservación de un status quo que hoy permite a millares de venezolanos disfrutar, aunque sea mínimamente, de la renta petrolera sin apego a consideraciones de eficiencia económica o asociadas a metas planificadas. Este arreglo, capitalizado políticamente por el chavismo bajo el argumento de que un cambio de gobierno lo eliminaría, se montó con el discurso de que el venezolano tiene derecho a beneficiarse de la riqueza social, independientemente de méritos, capacitación o esfuerzo realizado. Como buen populista, Chávez separó el derecho al consumo de bienes y servicios del esfuerzo productivo; abolió la premiación al logro para remplazarlo por la lealtad a su persona. Y para cumplir con tal prédica, destruyó las instituciones propias de una economía de mercado.

Hoy las garantías a la propiedad de empresas productivas son inexistentes, se violentan derechos sindicales y laborales, el Estado desconoce contratos con actores diversos y discrimina a universidades, gobernaciones y alcaldías a la hora de asignar recursos presupuestarios si estas se encuentran en manos opositoras ­electas.

Ninguno de los derechos civiles, humanos y económicos establecidos en la Carta Magna y el marco legal vigente es reconocido de manera incondicional. La ficción de un Estado de Derecho perdura solo como rehén de las conveniencias políticas de quienes detentan el poder: el CNE viola abiertamente su propio reglamento, Chávez promulga un Estado Comunal repudiado por la voluntad mayoritaria en el referendo del 2 de diciembre de 2007, el TSJ refrenda decreto-leyes que violan la Constitución, y pare usted de contar. Además, se ejerce un control directo sobre el sistema judicial para asegurar que no prospere demanda alguna contra las arbitrariedades del gobierno y/o para penalizar a quienes estorban los intereses del entorno presidencial. De esta manera, se ha instalado un estado de anomia en el que nada está asegurado y donde todo depende de la gracia discrecional de Hugo Chávez. Porque este señor, valido de un discurso tramposo y con la complicidad activa de quienes disfrutan con él las mieles del poder, parece dueño del país.

El ejercicio de ciudadanía, con sus deberes y derechos consagrados en leyes, con sus consiguientes riesgos y oportunidades, se pretende remplazar por el cobijo que se alcanza profesando afinidad con el gobierno. Se ofrece seguridad a costa de libertad. Y Chávez afianza esta sujeción urdiendo un sentimiento de pertenencia en torno a su proyecto con la manipulación de símbolos sensibles que lo hacen aparecer como el campeón de una peculiar venezolanidad. La iconografía bolivariana, de cursilerías patrioteras ancladas en los inicios del siglo XIX, abona en la construcción de este imaginario. El rebautizo de ministerios como de “Poder Popular” y el apropiarse de término “pueblo” para legitimar decisiones tomadas a espaldas de la gente, completa el cuadro.

Quien no se pliegue y haga votos de fe por esta simbología no participa de la venezolanidad pregonada: ésta resulta, por tanto, sectaria y excluyente. “Bienaventurados sean los que veneran a Chávez, porque a ellos les será provisto”. Sólo entran en el reino del reparto discrecional quienes reverencian al comandante. Y la analogía religiosa no es chiste, como lo atestigua el culto a la personalidad, la omnipresencia de Chávez en afiches disfrazado de médico, deportista o investigador que se trastoca, por ende, en omnipotencia, los juramentos de lealtad hacia él que ahora se ponen de moda y la carga mesiánica con que se le evoca.

En fin, la propuesta de Chávez consiste en ofrecer participación en un régimen de expoliación, libre de toda restricción institucional, que trueca obsecuencia y lealtad hacia él por el derecho a usufructuar algunas migajas provenientes de la renta. Como confesara Giordani a Guaicaipuro Lameda cuando éste era jefe de la ONAPRE, “la revolución necesita que los pobres sigan siendo pobres, pero con esperanza”. La corrupción del venezolano bajo el clientelismo es crucial para perpetuar en el poder a Chávez y los suyos, verdaderos aprovechados del ingreso petrolero. Bajo la prédica “socialista” y de la primacía de lo colectivo sobre lo individual, han privatizado los bienes públicos para su usufructo sectario, excluyente y discrecional.

La propuesta de Estado Comunal es el último eslabón en esta larga cadena de consagración del poder omnímodo del “comandante-presidente”. Sus estructuras se inscriben en el propósito de prescindir de toda intermediación autónoma entre Chávez y su “pueblo”, eliminando alcaldías y gobernaciones. El Estado Comunal, por su diseño vertical, subordinado a los dictados del Ejecutivo y cuya entidad legal depende de su condición “socialista”, en absoluto se refiere a formas espontáneas y autónomas de organización popular. Es reminiscente, más bien, del Estado Corporativo nazi-fascista, que cooptó a las organizaciones sociales para que fuesen representantes del poder político, no del pueblo.

El problema más grave de la oferta política de Chávez es que no puede cumplir sin ingresos petroleros crecientes. Es este el “talón de Aquiles” de la oferta chavista.

Las fuerzas democráticas no pueden desperdiciar ninguna ocasión para asentar su mensaje ante la impostura del clientelismo Bolivariano. ¿Qué mejor oportunidad que las elecciones regionales y municipales para divulgar un proyecto moderno, de progreso, libertad y justicia social? Los 6,6 millones de votos nos obligan a responder en diciembre.

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